María Pineda
A dos días de la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo por un golpe que recibió durante un operativo policiaco en la autopista Puebla-Atlixco, el gobernador Rafael Moreno Valle envió al Congreso del estado una iniciativa de reforma para abrogar la denominada Ley Bala.
Será durante la sesión pública de este martes que los diputados analicen el proyecto del Ejecutivo, el cual apareció listado desde este lunes en el punto 16 del orden del día.
La petición del Ejecutivo se da dos meses después de que el Congreso avaló por mayoría la “Ley para proteger los Derechos Humanos y que regula el Uso Legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla”, la cual permite el uso de “armas no letales” para dispersar manifestaciones.
La aprobación se dio el 19 de mayo con el voto a favor de 32 diputados y la oposición de los petistas Mariano Hernández Reyes y Lizeth Sánchez García, los representantes de Movimiento Ciudadano, Ignacio Alvízar Linares y Julián Peña Hidalgo, y la verdecologista Geraldine González Cervantes.
La legislación señala que los policías podrán utilizar “armas no letales” en caso de que una manifestación se torne violenta, sin embargo no se aclara cuáles deben ser las características para considerar que las protestas ponen en riesgo los derechos de terceros.
Asimismo, clasifica a las manifestaciones en “lícitas, ilícitas no violentas y violentas”, pero no se aclara bajo qué criterios o características los uniformados definirán a qué tipo de protesta se están enfrentando.
En el artículo 23 se establece que se consideran “armas no letales” a los bastones policías, los agentes químicos irritantes, los dispositivos eléctricos de control, las armas noqueadoras o incapacitantes.
Sin embargo, no se detalla si las balas de goma, dispositivo que al parecer se usó para dispersar el bloqueo de los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, está dentro de los mecanismos permitidos para la policía.
Tehuacán y Chalchihuapan, sometidos a la Ley Bala
El 1 de julio, policías estatales recurrieron por primera vez al uso de la Ley Bala al retirar a habitantes de diversas comunidades de la Sierra Negra que bloquearon la carretera federal Puebla-Tehuacán y los accesos al Centro Integral de Servicios (CIS) de ese municipio, en demanda del regreso del Registro Civil a las juntas auxiliares.
El saldo del enfrentamiento, en el cual los elementos de seguridad usaron la fuerza física y gas lacrimógeno, fue de 30 heridos y 6 detenidos, entre ellos, Manuel Morales Guillermo, presidente auxiliar de Magdalena Cuayucatepec.
Ocho días después de la primera protesta que se dispersó con el uso de la Ley Bala, el miércoles 9 de julio los elementos de la policía estatal tuvieron otro enfrentamiento con habitantes de San Bernardino Chalchihuapan.
El operativo para desalojar a los manifestantes del kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco dejó como consecuencia lesiones al menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, presuntamente por una bala de goma que le perforó el cráneo y le provocó muerte cerebral, para fallecer diez días después del ataque.
Juzgado Federal suspendió de manera definitiva la Ley Bala
Apenas el 16 de julio, el Juzgado Cuarto de Distrito concedió la suspensión definitiva de la Ley Bala para dos personas que presentaron juicios de amparo.
Pese a que el Juez Cuarto de Distrito aprobó la suspensión definitiva, el Poder Judicial de la Federación ha rechazado otros cuatro amparos interpuestos en contra del mismo ordenamiento por no encontrar elementos suficientes.
El Juez Cuarto de Distrito consideró que “de ningún modo se haga uso de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla” cuando se ejerza el “derecho de libertad de expresión, de reunión, de manifestación o protesta”.
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