sábado, 6 de junio de 2015

Por carta anónima detuvieron y golpearon a alumnos de la BUAP


Samantha Páez y Amira George

  • Sostuvieron que son inocentes de los delitos que se les imputan


"No queremos un segundo Ayotzinapa, donde torturen y desaparezcan a nuestros jóvenes", planteó Antonio Parra Ortega, padre de Dulce Carolina Parra Escalona detenida el viernes con lujo de violencia por su presunta participación en el ataque a oficinas del INE, un paradero de RUTA y la delegación de la Secretaría de Economía.

Por la madrugada, Juan Carlos Tepole Ixtacua, Axel Jiménez Morillo, Ana Rosa Zilli Colorado, Erick López Cruz, Shariff Guerrero Contreras, Carlos Arafat Rosas Burguess y Dulce Carolina Parra Escalona fueron arrestados de manera violenta, aunque sus abogados indicaron que no existen elementos claros que los señalen de algún delito, ya que se les detuvo por una acusación anónima.

Durante horas la Procuraduría General de Justicia (PGJ) negó el acceso a los abogados al expediente de los jóvenes, quienes denunciaron violaciones a sus derechos humanos, como golpes, falta de atención médica y que no les brindaran agua o alimentos, durante las casi 24 horas que estuvieron detenidos.

Aunque los siete estudiantes jóvenes fueron liberados este sábado alrededor de las 2:20 horas, la PGJ indicó que existen reservas en su contra, es decir, que pueden ser arrestados en cualquier momento, ya que la averiguación previa se está integrando y porque no fueron sorprendidos en flagrancia.

"Tememos por nuestras vidas"



En una conferencia de prensa este sábado por la mañana, Carlos Arafat, hijo del académico de la BUAP, Miguel Ángel Rosas Bourguess, comentó que agentes ministeriales llegaron a su domicilio el viernes sin presentar orden de cateo y de detención, sometieron a su padre y a él lo encañonaron.

Además los agentes se llevaron todos los teléfonos celulares, equipos de cómputo y tabletas que había en su casa, así como su camioneta. Aunque no hallaron el material explosivo que supuestamente buscaban.

Cuando los policías subieron a Arafat a la camioneta para llevarlo a la Procuraduría se percató que iban en la misma unidad dos de sus compañeros, los cuales estaban golpeados y esposados.

Después en las oficinas de la PGJ, ubicadas en la calle 31 oriente y bulevar 5 de mayo, los tuvieron incomunicados por más de tres horas, sin decirles siquiera bajo qué cargos se les detuvo.

Posteriormente les tomaron sus declaraciones y les hicieron firmar un documento para su liberación, sin embargo al poco rato les dijeron que estaban detenidos, por lo cual los trasladaron a los separos, donde finalmente les informaron que saldrían con reservas de ley.

"La verdad sí es una situación de peligro y tememos por nuestras vidas, por nuestra libertad. Nosotros no hicimos absolutamente nada (...) a nosotros se nos señala como a muchos presos (políticos) que hay en Puebla sin absolutamente nada de pruebas", apuntó el estudiante de Sociología.

Además Carlos Arafat Rosas Burgees expuso que pese a lo señalado por las autoridades, no se tienen pruebas en su contra por los ataques a las oficinas del INE, la secretaría de Economía así como un paradero de RUTA y que los materiales que fueron decomisados en sus domicilios al momento de su aprehensión la madrugada del viernes corresponden a movimientos sociales como el #YoSoy132, que datan de más de 2 años, por lo que no demuestran lo que se les quiere imputar.

Acusó que a más de 24 horas de su arresto, sus domicilios están cerrados por las autoridades, por lo que incluso no han podido ingresar a cambiarse de ropa, lo cual consideran como una agresión más en su contra.

"No queremos otro Ayotzinapa"


En representación de los padres de los estudiantes arrestados, Antonio Parra sostuvo que los jóvenes detenidos son inocentes y que si bien han mostrado sus inquietudes políticas, nunca lo hicieron de manera violenta.

"Son estudiantes, no criminales o ¿ser activista o alzar la voz es un delito? (...) No queremos otro Ayotzinapa, donde torturen y desaparezcan a nuestros jóvenes", cuestionó el padre de familia, para quien el arresto de su hija como el de los otros seis universitarios no tuvo fundamento alguno.

Cabe recordar que el pasado 26 de septiembre fueron desaparecidos 43 estudiantes de la normal rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, a manos de policías municipales de Iguala por la orden del edil José Luis Abarca.

Por ese motivo, el padre de familia aseguró que interpondrá una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE) y en caso de que no proceda acudirá a la Comisión Nacional.

A su vez Juan José Guerrero, padre de Shariff, quien también fue aprehendido el pasado 19 de enero en una marcha contra el presidente Enrique Peña Nieto, dijo que no sólo se violaron los derechos de los estudiantes al momento de su arresto, sino también porque estuvieron incomunicados y a su hijo no se le brindó atención médica por una herida en el pómulo derecho.

Apuntó que la lesión de Shariff se agravó con los golpes y maltrato por parte de los agentes, así como por la falta de medicamento.

Ante esta situación también interpondrá una queja ante la comisión de derechos humanos estatal y la nacional.

No hay elementos para acusarlos


Las abogadas de los alumnos, Marely Vélez y Hokabert Quiterio, dieron a conocer que las únicas pruebas que se tienen contra sus clientes son una carta anónima escrita a máquina, las imágenes del ataque al INE donde se ven dos figuras masculinas y presunta información que aparece en internet.

Vélez apuntó que el viernes no pudieron acceder a la averiguación previa contra los alumnos de la BUAP hasta las 23:00 o 24:00 horas, fue en ese momento que se dieron cuenta que la acusación era en referencia al ataque a las oficinas del INE del 27 de marzo, mismo que reivindicó un grupo anarquista, y no por la agresión de este lunes.

De igual forma las autoridades ministeriales le dijeron que tres universitarios -Axel, Shariff y Dulce- estaban sólo en calidad de testigos, que incluso se les citó de manera previa pero como no acudieron los tuvieron que buscar.

Sin embargo cuando la abogada solicitó los citatorios y las órdenes de cateo en los domicilios, no se las proporcionaron.

Asimismo indicó que existe una contradicción en los datos de la Procuraduría, pues a la defensa le indicaron que sólo tres quedaron a reserva y no los siete, aunque como defensoras presentarán todos los elementos para que no se les inculpe a los siete.

A la par de que los jóvenes daban esta postura, la PGJ envió un comunicado en el cual señaló que los jóvenes solo dieron sus declaraciones por los hechos y "se subraya que la investigación sigue su curso en relación a los acontecimientos tanto del 27 de marzo de 2015, como del 1 de junio del mismo año, en los que fueron afectadas instalaciones del Instituto Nacional Electoral, de la delegación de la Secretaría de Economía y de un paradero de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA)".


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