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| Alberto Jiménez Merino |
Las familias más pobres destinan hasta 60 por ciento de sus ingresos para comprar alimentos y hasta 40 por ciento para la compra de medicinas. Millones de personas sin ingreso no comen o no se curan, a menos que se les apoye con programas asistenciales.
En el año 2005, vivimos uno de los incrementos más importantes de un producto de primera necesidad para la población, como lo es la tortilla de maíz. De 8 pesos se empezó a incrementar hasta llegar a más de 14 pesos el kilogramo.
Como Gobierno del Estado, no teníamos información sobre los costos de producción del kilogramo de tortilla. Y pedimos apoyo a la Universidad Tecnológica de Puebla. Así supimos que en ese tiempo, éste era de 6.20 pesos. También que 32 por ciento del costo era gas y 33 por ciento correspondía al maíz. El 65 por ciento del costo de la tortilla es gas y maíz, el resto es mano de obra, equipo, luz, renta.
Nos reunimos con los industriales de la masa y la tortilla e hicimos un pacto. Así surgió el Tortipacto-Puebla que luego se extendió a otros estados y se intentó, con poco éxito, a nivel nacional. Reunimos a los vendedores de gas con industriales de la masa y tortilla para encontrar al mejor proveedor en precio y en cantidad despachada. Ya era una queja la venta de kilogramos de 900 gramos.
También promovimos reuniones con los productores organizados de maíz para encontrar grano más barato que el que proveían los intermediarios. De esta manera se fijó un precio máximo al público de 8.50 pesos por kilogramo de tortilla. Aplicamos la política al servicio de la gente, como lo hemos hecho siempre.
La mayoría de las mercancías que elevan su precio al público por razones de aumento de precio de los insumos, difícilmente vuelven a bajarlo aunque estos insumos disminuyan el suyo. Desconocemos los costos de producción de la mayoría de los productos y de los insumos. Esto favorece la especulación y las distorsiones de precios.
Con frecuencia encontramos que muchas mercancías de uso básico elevan su precio, drástica e injustificadamente, en unos cuantos días o vemos que algunas se ofertan con descuentos de hasta 90 por ciento. Cuál es su costo y su precio real, porque así se presta al engaño.
Y no se diga de la calidad de los productos, de la cantidad despachada y de sus fechas de caducidad. Hemos encontrado recomendaciones de insumos que rebasan con mucho la recomendación técnica.
En el campo poblano por falta de capacitación y asesoría se pierden en promedio mil pesos por hectárea en insumos y trabajos adicionales innecesarios; semillas, fertilizantes, abonos, agroquímicos, agua y movimiento de tierras. En mucho, esta es la razón de la baja productividad.
En meses anteriores vivimos los exagerados precios de venta del limón y más recientemente los del huevo. Si bien alguna reducción en la producción de este alimento ocurre en forma natural durante el invierno, los productores avícolas han informado del suficiente abasto del mismo. No hay razón para el incremento.
Estimaciones promedio del costo de producción indican que el kilogramo de huevo oscila entre los 18 y 20 pesos, dependiendo del sistema de producción, su nivel de tecnificación y toda la gama de variables a considerar.
Hacen falta estudios de costos para tomar mejores decisiones. Los productores se quejan de que los precios de sus de sus productos están bajos, como es el caso de los granos y la caña de azúcar. Y que muy poca regulación hay en los precios de abonos, semillas, fertilizantes, agroquímicos, implementos y maquinaria. Tienen razón, tenemos la obligación de vigilar que todos ganen.
Por ello, felicito a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados por su propuesta de revisar los precios máximos del huevo. Allí deje un Punto de Acuerdo al respecto de los productos del campo, aprobado el 10 de febrero de 2011, con 356 votos a favor diputados en el pleno –más de la mayoría calificada– de la LXI Legislatura.
Los comerciantes, en lugar de ofrecer descuentos de 75 por ciento y hasta 90 por ciento o los típicos dos por uno, bien le harían a la sociedad venderle a precios más justos, en un verdadero comercio justo para apoyar su economía y su desarrollo.
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