MEXICO, D.F. (apro).- En el Mirreinato de Rafael Moreno Valle nada se mueve sin el control casi absoluto del Ejecutivo poblano. En menos de cuatro años, el joven político que llegó bajo una coalición opositora rebasó en autoritarismo, dispendio mediático y mañas a su antecesor de triste memoria en la misma entidad: el priista Mario Marín, el góber precioso.
La “popularidad” de Moreno Valle ha ido de la mano con su dispendio en medios de comunicación, replicando el modelo de Enrique Peña Nieto, pero con un ingrediente adicional: su compulsión por tener el control de todos los partidos políticos (PAN, PRD, PRI y no pocas ONG’s), medios impresos, electrónicos y digitales, más empresarios y la Iglesia.
Sólo para su primer informe de gobierno, Moreno Valle destinó 180 millones de pesos en autopromocionarse: 38 millones para TV Azteca y 66 millones para Televisa y el resto para medios impresos nacionales y locales, así como estaciones de radio. Según la organización Fundar, Moreno Valle ha gastado en promoción personal hasta ahora 582 millones de pesos (194 millones al año), sin contar las “donaciones” en especie y los intercambios de grandes favores al duopolio televisivo que no se facturan.
El dispendio mediático morenista va de la mano de sus obras faraónicas: 66.6 millones para remodelar la Casa Puebla; 11 millones de dólares (143 millones de pesos) para comprar dos helicópteros Augusta Grand y Koala; 200 millones de pesos para el Teleférico; 400 millones de pesos para la Rueda de la Fortuna que sorprendió a los propios poblanos; mil 386 millones de pesos para los festejos del 5 de mayo; mil 800 millones de pesos prorrateados a varios años para el CRIT de Teletón, y mil 300 millones de pesos para un Museo Internacional Barroco.
En contraste, el número de pobres en Puebla se disparó de 3 millones 616 mil a 3 millones 878 mil, según los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Conejal). Es decir, 262 mil poblanos en condiciones de pobreza tan sólo en sus dos primeros años de gobierno.
La inequidad social no le quita el sueño a Moreno Valle. Su proyecto sólo tiene un objetivo: utilizar el gobierno de Puebla para convertirse en el “nuevo Peña Nieto”. Y para ello ha sido capaz de todo.
Las versiones del propio SNTE le atribuyen al mandatario local ser uno de los “soplones” contra Elba Esther Gordillo, su madrina política, ante el gobierno peñista.
Las revelaciones del gobernador aceleraron la detención de la matriarca magisterial para evitar su rebelión el año pasado.
Sus redes de poder abarcan lo mismo al expresidente Felipe Calderón que al actual dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, que al grupo dominante en el PRD, Los Chuchos.
Los empresarios consentidos por Moreno Valle incluyen a David Peñaloza, de Grupo Tribasa, beneficiado con mil 400 millones de pesos en la venta de las autopistas de Puebla; o a Olegario Vázquez Raña, del Grupo Angeles, postor de la tercera o cuarta cadena de televisión a través de Grupo Excélsior y Canal 28.
Moreno Valle incorporó a su gobierno a personajes de cuestionable trayectoria como Facundo Rosas, exbrazo derecho de Genaro García Luna, para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública. Sus “logros” han sido muy cuestionables: el robo con violencia se disparó en 253% y el secuestro en 515%, según la información del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
El maquillaje mediático y las amenazas directas a sus críticos o a los activistas evitaron que la autocracia de Moreno Valle alcanzara resonancia nacional o internacional.
Desde antes de que se aprobara la ahora famosa #LeyBala, Moreno Valle impulsó la modificación a los artículos 1958 y 1968 Bis del Código Civil para endurecer penas contra periodistas y ciudadanos críticos. Demandó a los comunicadores Fabián Gómez y Adrián Ruiz. Persiguió a Pedro Barojas, colaborador de su adversaria política, la panista Ana Teresa Aranda, y mantiene a 31 presos de orden social con procedimientos de dudosa legalidad, según documentó Aurelio Fernández, director de La Jornada Oriente.
Entre esos activistas encarcelados se encuentran aquellos que amenazan los grandes negocios y despojos de tierras para beneficiar al capital extranjero en proyectos energéticos. Son los casos de Abraham Cordero, Enedina Rojas (casi sexagenaria) y Juan Carlos Flores Solís, opositores al despojo de tierras de campesinos para la construcción del Gasoducto Morelos y el Arco Oriente.
A través de un misterioso consorcio denominado Grupo Sexenio, con presencia en 18 estados de la República, Moreno Valle emprende campañas contra sus críticos, incluyendo a periodistas y políticos que se atreven a contradecir sus órdenes. Así le ha sucedido a Roxana Luna, perredista y visible disidente de Los Chuchos, o empresarios locales como Eduardo Cortés, puntualmente amenazado en columnas periodísticas de dudosa factura, que utilizan el espionaje a través de videos o llamadas telefónicas.
El manual de guerra sucia de Moreno Valle reventó en estos días con la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad. El escándalo nacional y las crecientes protestas de poblanos radicados en Estados Unidos generados por el fallecimiento de este niño han logrado lo que críticas aisladas no pudieron: focalizar el tema en los excesos autoritarios del #GoberBala.
La rimbombante Ley de Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza Pública fue aprobada el 9 de mayo con 33 votos a favor y sólo cinco en contra de los únicos legisladores locales que se atrevieron a salirse del guión del gobernador. Fue rebautizada como #LeyBala por autorizar el uso de la fuerza y armas “de goma” para repeler agresiones (artículos 9 y 43).
La #LeyBala convirtió a Puebla en laboratorio de esta especie de fascismo mediático-tecnocrático que está dominando a gobiernos estatales y federal. La criminalización de la protesta social se convierte en un guión grotesco de las televisoras y las legislaturas para acusar de “vándalos”, “anarquistas” o “revoltosos” a todos aquellos que ejercen el elemental derecho constitucional a la protesta.
La agonía de José Luis Alberto estuvo acompañada de una grosera campaña para atribuir el impacto de un proyectil al niño a los propios manifestantes. Incluso, Facundo Rosas ha insistido en que las verdaderas víctimas son 48 elementos policiacos que resultaron lesionados.
En una clásica jugarreta oportunista, Moreno Valle pidió abrogar su #LeyBala porque ha sido “estigmatizada”. Aunque un poco tarde, el proyectil que cobró la vida a un menor de edad ya alcanzó al autócrata poblano.
Ojalá la sociedad poblana esté consciente que en esta entidad se juega no sólo una ley sino el laboratorio más peligroso de una nueva oleada autoritaria a escala nacional.
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